El Bronx, NY — El asambleísta George Álvarez expresó hoy su profunda preocupación por el aumento de incidentes fatales relacionados con operativos federales de inmigración y reiteró su llamado al Congreso de los Estados Unidos para retirar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de las calles, redirigir los recursos destinados a la expansión de la detención y las deportaciones, y priorizar inversiones en servicios que fortalezcan la seguridad y el bienestar de las comunidades.
“Una democracia no pierde su rumbo de un día para otro. Es puesta a prueba cuando el miedo se convierte en política pública, cuando la intimidación se presenta como una herramienta de cumplimiento de la ley y cuando la violencia se justifica como el costo del orden”, manifestó el asambleísta Álvarez.
El legislador señaló que, desde el regreso del actual presidente a la Casa Blanca, se han reportado más de sesenta muertes de personas bajo custodia de ICE o durante operativos de inmigración.
Entre los casos más recientes mencionó a Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años autorizado para trabajar en Estados Unidos que falleció tras recibir disparos de agentes de ICE en Maine, y a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción en Texas que había residido en el país durante 35 años y que, según su familia, estaba próximo a regularizar su situación migratoria, pero murió durante un operativo pese a no ser el objetivo de la intervención.
“Detrás de cada una de estas tragedias hay familias, trabajadores y comunidades que enfrentan pérdidas irreparables. No podemos permitir que estas muertes se normalicen ni que el ejercicio del poder público se aleje de los principios fundamentales de la dignidad humana y la rendición de cuentas”, afirmó.
Álvarez sostuvo que los recientes acontecimientos reflejan preocupaciones que trascienden el debate migratorio y plantean interrogantes sobre los límites del poder gubernamental y la protección de los derechos civiles.
“Cuando agentes operan en vehículos sin identificación, cuando trabajadores y transeúntes son apuntados con armas, cuando quienes documentan operativos son amenazados o resultan heridos y cuando los centros de detención se convierten en escenarios de negligencia y muerte, estamos frente a una discusión sobre el alcance del poder del Estado y el respeto al Estado de derecho”, expresó.
El asambleísta enfatizó que la rendición de cuentas debe aplicarse a todas las instituciones gubernamentales y afirmó que ninguna agencia federal debe estar exenta del cumplimiento de la ley.
Como parte de ese llamado, Álvarez instó al Congreso a retirar a ICE de las calles, congelar y reasignar los recursos destinados a ampliar la detención, las deportaciones, la vigilancia, la militarización de la frontera y la contratación de nuevos agentes, destinando esos fondos a fortalecer el acceso a la atención médica, la vivienda, la representación legal, los servicios de salud mental y otros programas comunitarios que contribuyen a una mayor seguridad pública.
“El fortalecimiento de nuestra democracia requiere instituciones transparentes, responsables y comprometidas con la protección de los derechos humanos. Cada nivel de gobierno tiene la responsabilidad de actuar antes de que los abusos se conviertan en una práctica aceptada”, concluyó el asambleísta George Álvarez.
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