El estado de Nueva York ha dado un paso histórico en la protección de los derechos laborales al incluir en el presupuesto 2026-2027 una medida que permite al Departamento de Trabajo estatal clausurar negocios a empleadores que no cumplan con el pago de salarios adeudados. Esta nueva facultad, aprobada por la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores, busca erradicar el robo de salarios, una práctica que afecta a miles de trabajadores, especialmente en sectores como restaurantes, construcción, servicios de salud en el hogar, limpieza y almacenes.
La nueva legislación amplía las herramientas de fiscalización del Departamento de Trabajo, permitiéndole imponer gravámenes sobre propiedades, congelar y confiscar activos financieros y, en casos extremos, ordenar la suspensión de operaciones de los negocios que no cumplan con las decisiones judiciales sobre el pago de salarios. Esto significa que los empleadores que retienen salarios de manera deliberada podrían enfrentar el cierre de sus empresas, una medida sin precedentes en la lucha contra esta práctica.
La gobernadora Kathy Hochul ha subrayado que esta medida es parte de su compromiso con la justicia laboral y la protección de los trabajadores neoyorquinos. «Los neoyorquinos nunca deberían tener que preocuparse por el destino de su dinero, ganado con tanto esfuerzo. Por eso estamos adoptando medidas adicionales para combatir el robo de salarios, mejorar la transparencia y devolver el dinero a los bolsillos de las familias», declaró Hochul durante la firma del presupuesto estatal.
La lucha contra el robo de salarios en Nueva York tiene un antecedente importante. En 2023, se promulgó la Ley de Responsabilidad por el Robo de Salarios, que convertía el robo de salarios en un delito penal, permitiendo a los fiscales perseguir sanciones criminales contra empleadores que retienen salarios de manera intencional. Además, en 2026, se creó un programa de subvenciones de 5 millones de dólares para apoyar a los fiscales de distrito en la investigación de casos de robo de salarios.
El robo de salarios es un problema endémico en Nueva York, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde se concentra una gran parte del empleo en industrias de bajos salarios y alta rotación laboral. Las prácticas más comunes incluyen horas extras no pagadas, trabajo fuera del reloj, propinas retenidas y descuentos ilegales. Hasta ahora, aunque los trabajadores podían obtener sentencias favorables por salarios impagos, el dinero rara vez llegaba a sus manos debido a la falta de mecanismos efectivos de cobro.
El nuevo presupuesto busca cerrar esa brecha entre ganar un caso y cobrarlo. Según datos del Departamento de Trabajo, en 2025, Nueva York recuperó más de 35 millones de dólares en salarios perdidos y cobró 2.2 millones en sanciones, la cifra más alta desde 2015. Desde 2021, el estado ha devuelto más de 130 millones de dólares a cerca de 125,000 trabajadores, lo que demuestra el impacto de las medidas implementadas y la necesidad de seguir fortaleciendo la protección laboral.
La estrategia de cumplimiento del Departamento de Trabajo ahora incluye mediaciones, citaciones y nuevos mecanismos de cobro, además de las nuevas facultades de clausura. Esto representa un cambio de paradigma en la lucha contra el robo de salarios, ya que no solo aumenta las consecuencias penales, sino que también impide que los empleadores morosos continúen operando mientras ignoran las decisiones de pago.
Para los trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos, que son los más afectados por esta práctica, la nueva legislación podría ser un punto de inflexión. Con estas medidas, Nueva York envía un mensaje claro y contundente: el robo de salarios no será tolerado, y los empleadores que violen los derechos laborales enfrentarán consecuencias severas, incluyendo la pérdida de su negocio.
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