Once agentes de la Policía Nacional se enfrentan este jueves a una audiencia en el Juzgado de la Instrucción de Santiago, donde se decidirá la medida de coerción en su contra por su presunta participación en la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita. Las víctimas, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, murieron tras recibir disparos y ser trasladados al Hospital Regional Doctor Cabral y Báez.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los agentes, argumentando que el caso es complejo y requiere una investigación minuciosa. Según las autoridades, los policías habrían actuado de manera desproporcionada, utilizando fuerza letal sin justificación y sin intentar un diálogo previo. Además, se ha denunciado que los agentes alteraron la escena del crimen, eliminando pruebas clave como grabaciones de cámaras de seguridad y confiscando teléfonos móviles, lo que sugiere un intento de encubrir los hechos.
La investigación, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal interina Quirsa Milagros Abreu, ha determinado que los agentes violaron los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio voluntario y asociación de malhechores. Los familiares de las víctimas han exigido justicia y transparencia, mientras que sectores de la sociedad civil han pedido reformas estructurales en la Policía Nacional para evitar futuros abusos de poder.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, donde se reclama no solo la sanción de los responsables, sino también la implementación de protocolos más rigurosos para regular el uso de la fuerza por parte de los agentes durante operativos, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
About The Author
