Dos mujeres y un hombre hispanos fueron acusados de contrabandear drogas con otros cómplices cuando trabajaban como oficiales en Rikers Island, la mayor cárcel de NYC. La cantidad equivalía a una farmacia, según los fiscales federales.
Dos mujeres y un hombre hispanos fueron acusados de contrabandear narcóticos ilegales cuando trabajaban como oficiales penitenciarios en Rikers Island, la mayor cárcel de NYC.
Los ahora ex oficiales penitenciarios fueron identificados como Carlos Rivera, Chantal De Los Santos y Stephanie Dávila. El grupo acusado incluye además al contratista Kenneth Webster y a la consejera de programa Shanequa Washington.
Según el Tribunal Federal de Manhattan contrabandearon drogas equivalentes a una farmacia a dos cárceles diferentes de Rikers Island, informó Daily News. Los tres hispanos fueron acusados de ingresar oxicodona, fentanilo, K-2 y marihuana a cambio de sobornos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, dijeron los fiscales federales.
Washington y Webster fueron acusados de estar involucrados en la conspiración, al igual que el ex detenido Kristopher Francisco, actualmente en una prisión estatal.
Este comportamiento ilegal pone en peligro la vida de las personas bajo custodia y de nuestro personal».
“Rikers Island es menos segura, tanto para los reclusos como para los funcionarios, cuando los empleados penitenciarios y otras personas en puestos de confianza pública aceptan sobornos para contrabandear”, denunció el fiscal federal Damian Williams. El subdirector a cargo del FBI, James Smith, añadió: “Esta supuesta conspiración impregnó Rikers Island, contaminando la integridad del departamento y sus instituciones”.
Los oficiales sospechosos se comunicaban electrónicamente con los detenidos y utilizaban comunicaciones codificadas, como describir una imagen de marihuana como “pepitas” y a un trabajador dispuesto a traer drogas como un “Uber”, dijeron los fiscales. “Sturdy it up” significaba empaquetar medicamentos para su entrega.
También contrabandeaban teléfonos móviles y cigarrillos. Los conspiradores arreglaron sus tratos usando mensajes de texto y de redes sociales para organizar el intercambio de drogas y a menudo usaban aplicaciones telefónicas para transferir dinero, alegan los fiscales.
“Hay tolerancia cero para cualquiera (personal o visitantes) que intente introducir contrabando y narcóticos en nuestras cárceles”, dijo la comisionada penitenciaria (DOC) Lynelle Maginley Liddie en un comunicado. “Este comportamiento ilegal pone en peligro la vida de las personas bajo custodia y de nuestro personal. El departamento está trabajando diligentemente para mejorar la seguridad y evitar que el contrabando ingrese a sus instalaciones”.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
En un caso similar reciente, una hispana fue acusada de vender cocaína mientras trabajaba como guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar del condado Dutchess de Nueva York.
En diciembre un ex trabajador en un centro residencial estatal para mujeres adolescentes en Long Island (NY) admitió haber violado a una de ellas varias veces después de darle comestibles de marihuana, dijeron los fiscales.
El Diario
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