La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitó ordenes arrestos y posterior conocimiento de medida de coerción, contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros cinco implicados en las investigaciones sobre el suspendido contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latam, para la semaforización en el Gran Santo Domingo, por el orden de mil 300 millones de pesos.
Los demás implicados y bajo arresto son: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.
Así lo dispone la solicitud de orden de arresto hecha por Wilson Camacho, director de la Pepca, a la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Por el momento, el Ministerio Público ha realizado alrededor de 15 allanamientos en el Gran Santo Domingo.
Camacho explica a la jueza Veloz Suárez que los implicados son investigados por la comisión de hechos establecidos y sancionados en el Artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción) y los arts. 123 y 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado Dominicano) del Código Penal dominicano.
También por los artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos y financiamiento del terrorismo, artículos 5, y 8 letra F, de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, en perjuicio del estado Dominicano.
En su solicitud, ordenar que una vez detenidos los citados ciudadanos, se proceda, antes de transcurrido el plazo de 48 horas, calculados desde el momento del arresto de los mismos, sean presentados por ante el Juez de la Instrucción del Distrito Nacional para decidir si procede su mantenimiento en prisión o en su defecto la puesta en libertad.
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