Medidas cautelares buscan proteger los derechos de las víctimas
La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado medidas legales para inmovilizar los bienes del empresario Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, donde ocurrió una tragedia que dejó 232 muertos y más de 180 heridos. Según informes, Espaillat estaría intentando transferir activos, lo que podría afectar la compensación a las víctimas.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, liderada por Wilson Camacho, ha iniciado «diligencias procesales» sobre empresas como Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de otras propiedades vinculadas al empresario. Estas acciones buscan evitar transacciones accionarias o patrimoniales mientras avanza la investigación.
Las medidas se amparan en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque no implica que Espaillat esté siendo investigado por este delito. Se trata de una figura jurídica preventiva para asegurar que los bienes no sean enajenados durante el proceso judicial.
El Ministerio Público también revisa licencias, seguros y cumplimiento normativo del local, mientras garantiza los derechos de las víctimas conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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