El presidente Donald Trump anunció que, a partir del 1 de febrero de 2026, su administración retendrá los fondos federales a las ciudades santuario, incluyendo Nueva York, bajo el argumento de que estas jurisdicciones protegen a delincuentes en lugar de priorizar la seguridad de los ciudadanos. La medida, que afectaría programas sociales, educativos y de vivienda, ha generado una reacción inmediata de líderes políticos y activistas, quienes ya preparan una respuesta legal para impugnar la decisión. Según la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), esta política perjudicaría a las familias más vulnerables, que dependen de estos recursos.
Murad Awawdeh, director de la NYIC, denunció que la medida viola la Décima Enmienda y los derechos de la ciudad, ya que los fondos fueron aprobados por el Congreso y no pueden ser retenidos sin justificación. «Defenderemos a los neoyorquinos en los tribunales», declaró, mientras el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul reafirmaron su compromiso de proteger los derechos de la ciudad. Nueva York recibió $9,600 millones en fondos federales en 2025, equivalentes al 8.3% de su presupuesto, con un impacto directo en áreas como educación y vivienda.
La decisión de Trump se basa en su orden ejecutiva de abril de 2025, que busca forzar a las ciudades santuario a cooperar con el ICE, bajo amenaza de perder financiamiento. Sin embargo, Nueva York tiene antecedentes legales a su favor: en agosto de 2025, un juez federal bloqueó un intento similar de retener fondos a ciudades como Boston y Chicago, y en enero de 2026, otro juez frenó la suspensión de subsidios para programas de cuidado infantil. Estos fallos respaldan la posición de la ciudad, que argumenta que los fondos ya están asignados y no pueden ser retenidos sin violar la ley.
La batalla legal que se avecina podría tener un impacto nacional, ya que otras ciudades santuario enfrentan amenazas similares. Mientras Trump insiste en su política, Nueva York se prepara para defender sus recursos y proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, que dependen de estos fondos para acceder a servicios esenciales.