El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) exigió este viernes a las autoridades dominicanas que aclaren con urgencia las circunstancias de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña haitiana de 11 años que falleció durante una excursión escolar en Gurabo, Santiago (República Dominicana). El caso ha generado indignación en Haití, donde se vincula con los actos de violencia y discriminación que enfrentan los migrantes haitianos en el país vecino.
En un comunicado oficial, el CPT expresó su dolor por la tragedia y extendió sus condolencias a la familia de Stephora. Además, reconoció el trabajo de los representantes diplomáticos haitianos en República Dominicana, quienes han acompañado a los padres de la niña durante este difícil momento. «El Consejo lamenta profundamente que miles de migrantes haitianos hayan sido afectados por actos de violencia y abusos que atentan contra su dignidad», señaló el documento.
Un llamado a la justicia y la transparencia
El CPT instó a las autoridades dominicanas a investigar con transparencia y garantizar que se haga justicia. «Estas situaciones requieren respuestas responsables y conformes con los compromisos bilaterales e internacionales», afirmó el Consejo, que también reiteró su disposición a colaborar con República Dominicana en la investigación.
Stephora falleció el 14 de noviembre en una hacienda de Gurabo, donde participaba en una excursión escolar. Según informes preliminares, murió ahogada, aunque aún no se han revelado detalles definitivos sobre las circunstancias del accidente.
Reacciones en República Dominicana
La procuradora general dominicana, Yeni Berenice Reynoso, ordenó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dinnaf que aceleren las investigaciones. «Es una situación muy dolorosa, y esperamos que pronto se aclare la verdad», declaró la vicepresidenta Raquel Peña, quien también expresó su solidaridad con la familia de la niña.
Un contexto de discriminación y deportaciones masivas
El caso de Stephora ha reavivado las tensiones entre Haití y República Dominicana, especialmente en un contexto donde los migrantes haitianos enfrentan violencia y discriminación. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que las políticas migratorias dominicanas están marcadas por el racismo y el perfilamiento racial, lo que ha llevado a la negación de servicios básicos, como la atención médica, a personas de origen haitiano.
En octubre de 2024, el presidente dominicano Luis Abinader ordenó la deportación masiva de haitianos indocumentados, una medida que ha afectado a más de 180,000 personas en 2025.
La demanda de justicia y dignidad
El CPT de Haití hizo un llamado a que este caso no quede en la impunidad y que se tomen medidas para proteger los derechos de los migrantes haitianos. «Es fundamental que se respete la dignidad de todos los migrantes y que se garanticen sus derechos fundamentales», señaló el Consejo.
Mientras las investigaciones continúan, la pregunta clave es: ¿Lograrán las autoridades dominicanas esclarecer este caso con la transparencia que exige Haití? Y, más importante aún, ¿qué se hará para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir?
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