El partido Fuerza del Pueblo (FP) respondió con contundencia a la Junta Central Electoral (JCE), luego de que esta emitiera un documento de advertencia en el que sugería que la Marcha del Pueblo podría ser interpretada como propaganda electoral anticipada. En un comunicado oficial, el partido defendió el carácter cívico y constitucional de la protesta, argumentando que su objetivo fue denunciar los problemas que afectan a la población, como el alto costo de la vida, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos, y no promover candidaturas.
Fuerza del Pueblo recordó que la Constitución dominicana garantiza los derechos a la reunión pacífica, la libre asociación y la libertad de expresión (artículos 47, 48 y 49), y que estos no pueden ser restringidos por actos administrativos de la JCE, sino solo por leyes orgánicas. Además, el partido citó el artículo 216, que establece que los partidos políticos deben servir al interés nacional y canalizar las demandas ciudadanas, función que, según FP, cumplieron durante la marcha.
La protesta como derecho fundamental El partido argumentó que la Marcha del Pueblo fue una respuesta necesaria a la crisis social y económica que vive el país. «No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de la gente. La marcha fue un grito de esperanza, no un acto de campaña», declaró un portavoz de FP, quien añadió que la protesta buscó visibilizar las fallas del gobierno y exigir soluciones a problemas que afectan a toda la sociedad.
Fuerza del Pueblo también cuestionó la imparcialidad de la JCE, señalando que mientras se emiten advertencias a su partido, otros grupos realizan actividades similares sin recibir sanciones. «No es justo que se intente silenciar las voces críticas bajo el pretexto de regulaciones electorales, cuando lo que está en juego es el derecho del pueblo a manifestarse», afirmó el comunicado.
El contexto de la protesta La marcha se llevó a cabo en un momento en que República Dominicana enfrenta una crisis multidimensional:
- Inflación y alto costo de vida: Los precios de los alimentos y servicios básicos han aumentado de manera desproporcionada.
- Inseguridad ciudadana: El aumento de la criminalidad ha generado malestar en la población.
- Apagones y fallas en servicios públicos: La falta de suministro eléctrico constante y el deterioro de infraestructuras básicas han exacerbado la frustración.
- Desempleo y precarización laboral: La falta de oportunidades económicas ha profundizado la desigualdad.
Ante este escenario, Fuerza del Pueblo argumentó que la marcha fue una respuesta legítima a la falta de soluciones por parte del gobierno, y que su carácter pacífico y cívico está respaldado por el derecho a la protesta, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.
El debate sobre la libertad de expresión El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la protesta social en el país y el papel de las instituciones como la JCE en la regulación de las actividades políticas. Mientras algunos sectores ven en la advertencia de la JCE un intento de garantizar la equidad electoral, otros la interpretan como una restricción indebida a la libertad de expresión.
Fuerza del Pueblo insistió en que su intención no fue hacer campaña anticipada, sino denunciar las fallas del gobierno y exigir soluciones. «Nuestra marcha fue un acto de resistencia cívica, no un evento electoral. El pueblo tiene derecho a alzar su voz, y nosotros, como partido, tenemos la obligación de acompañarlo en esa lucha», concluyó el comunicado.
Un llamado a la democracia participativa La respuesta de Fuerza del Pueblo a la JCE no solo defiende la legitimidad de la Marcha del Pueblo, sino que también reafirma el derecho a la protesta como un pilar de la democracia. En un contexto de crisis, la capacidad de los ciudadanos para organizarse y exigir cambios es esencial para la rendición de cuentas y la construcción de un país más justo. El partido ha dejado claro que no retrocederá en su compromiso de defender los derechos del pueblo, incluso si eso implica enfrentar a las instituciones que intentan limitar su ejercicio.
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