La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfrenta una demanda por 50 millones de pesos interpuesta por un propietario del Residencial Despradel en La Vega, quien alega que la demolición de su apartamento causó daños materiales y morales. El abogado Domingo Reynoso presentó la acción legal, basándose en el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad civil de los funcionarios por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La orden que generó el conflicto Reynoso reveló que la viceministra Ángela Jáquez atribuyó la orden de demolición a Faride Raful, lo que refuerza la responsabilidad de la ministra. El abogado aseguró que la actuación del Ministerio violó el derecho a la propiedad privada y que la Cámara Civil de La Vega ya está analizando el caso.
Posibles acciones legales adicionales El abogado no descartó que otros propietarios afectados presenten demandas similares, ya que la demolición impactó a varias unidades residenciales. El edificio fue derribado hace un mes, generando un debate sobre la legalidad de las intervenciones estatales en propiedades privadas.
¿Qué busca el demandante? El propietario exige una indemnización justa y que se reconozca la ilegalidad de la demolición. Reynoso insistió en que este caso podría sentar un precedente sobre la protección de los derechos de los ciudadanos frente a acciones arbitrarias del Estado.
Un mensaje claro El abogado subrayó que el Estado debe actuar dentro del marco de la ley y respetar los derechos de los ciudadanos. “La justicia debe ser el pilar que garantice la protección de la propiedad privada”, concluyó.
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