El gobierno de Perú, liderado por el presidente José Jerí, decretó este miércoles un estado de emergencia que suspende derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la protesta, en un intento por combatir la creciente ola de crimen que afecta al país. La medida, que se extenderá por 30 días, incluye el despliegue de militares en las calles de Lima y la restricción de movimientos en motocicletas, un medio de transporte frecuentemente utilizado en delitos.
Según el decreto publicado en la gaceta oficial, se prohíbe que dos adultos viajen en una misma motocicleta, aunque en la práctica, esta norma no se está cumpliendo, según The Associated Press. Además, la policía ha comenzado a solicitar documentos de identidad en calles y autobuses, mientras que en las cárceles se han reducido las visitas a los reos, se ha limitado el suministro eléctrico en las celdas y se han destruido antenas telefónicas ilegales cerca de los centros penitenciarios.
La decisión llega en un contexto de creciente descontento social. Hace apenas una semana, miles de jóvenes de la Generación Z salieron a las calles para exigir la renuncia de Jerí, en protestas que dejaron un manifestante muerto y otro con fractura craneal grave. El primer ministro, Ernesto Álvarez, declaró que cualquier reunión de más de 3,000 personas requerirá permiso policial, y calificó a los manifestantes como una «banda que quiere tomar por asalto la democracia», vinculándolos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, un grupo que Estados Unidos consideró terrorista hasta 2001.
Los ciudadanos, sin embargo, expresan escepticismo sobre la efectividad de estas medidas. «Ya ha habido varios estados de emergencia, las extorsiones siguen, los asesinatos no paran», comentó Manuel Timoteo, un residente de Lima. «Salen los soldados unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual», añadió, reflejando la desconfianza hacia las acciones del gobierno.
El aumento de la violencia y el crimen organizado en Perú es alarmante. Según datos de la fiscalía, los asesinatos aumentaron de 676 en 2017 a 2,082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión se dispararon de 2,305 en 2020 a 21,746 el año pasado. Jerí, quien asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, aún no ha aclarado si derogará seis leyes que, según expertos, han debilitado la lucha contra el crimen y que son rechazadas por los manifestantes.
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