En República Dominicana, el debate sobre el gasto público es un tema de constante interés. Al 27 de junio de 2025, con solo 50 días restantes para que el gobierno actual cumpla cinco años en el poder, la ejecución presupuestaria revela que se han gastado un total de 5.5 billones de pesos. Se proyecta que, al finalizar el año, esta cifra ascenderá a 6.3 billones de pesos. Esto se traduce en un gasto anual de RD$1,260 millones, RD$105,000 millones mensuales, RD$24,230 millones semanales, RD$3,242 millones diarios, casi RD$144 millones por hora, RD$2.4 millones por minuto y casi RD$40,000 por segundo. Estos datos reflejan un gasto público elevado, pero la pregunta esencial sigue siendo si este gasto es eficiente y bien dirigido.
Una parte significativa del alto gasto público se atribuye a las transferencias a entidades del sector público que enfrentan déficits recurrentes. Un caso notable es el de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS SeNaSa), que acumuló un desbalance de más de 3 mil millones de pesos en 2024 y podría acercarse a los 5 mil millones al sumar los déficits de 2025. Otros ejemplos incluyen al gobierno central, con un déficit superior a los RD$350 mil millones, el Banco Central con más de RD$127 mil millones, las empresas eléctricas con más de US$1,700 millones, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con cerca de RD$1,400 millones. Estos ejemplos ilustran un sector público caracterizado por déficits crecientes y persistentes.
La trayectoria del gasto público por año muestra un aumento constante:
- En 2020, el presupuesto original era de RD$861,074 millones, pero la pandemia elevó esa cifra a RD$973,062 millones.
- En 2021, el gasto fue de RD$1,173,737 millones.
- En 2023, subió a RD$1,279,237 millones.
- En 2024, ascendió a RD$1,446,490 millones.
- En 2025, se proyecta un gasto de RD$1,484,230 millones.
En total, el gasto ha aumentado en RD$511,168 millones entre 2020 y 2025, lo que representa una tasa de crecimiento nominal del 49.0%. Este aumento en términos nominales es significativo, pero al examinarlo en términos relativos, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), se observa un comportamiento similar. Antes del COVID-19, la presión del gasto público sobre el PIB era del 16.1% en 2016 y del 16.3% en 2019. En 2020, durante el pico de la pandemia, esta proporción se situó en un 21.9%. A partir de entonces, una vez que la economía entró en lo que se ha denominado la «nueva normalidad», la participación del gasto público en la economía pasó de un 18.2% en 2021 a un 19.5% en 2024, y se estima que en 2025 podría rondar el 19.0%. Esto significa que la expansión del gasto público ha sido de 3.2 puntos porcentuales comparando la prepandemia con la pospandemia.
Otra manera de apreciar el aumento del gasto público, y que además se asocia al déficit financiero del gobierno y a su vez a la deuda pública, es el indicador del gasto público como proporción de los ingresos corrientes. En 2019, previo a la pandemia, este indicador fue del 113.0%, es decir, que el gasto superó a los ingresos en un 13.0 puntos porcentuales. Esta métrica se ha mantenido alta: en 2021 fue del 117.0%, en 2022 del 123.0%, en 2023 del 119.0% y en 2024 del 119.0%. Se espera que en 2025 alcance un 120.0%. Esto significa que estamos frente al origen de los déficits recurrentes del sector público central, gastando un 20.0% más de lo que la economía genera como ingreso público, a pesar de que en la narrativa oficial se afirma que el dinero rinde más que en otros gobiernos.
En términos nominales y relativos, la evidencia demuestra que el gobierno ha estado gastando cada año más dinero público. Por eso, al cierre de 2025, habrá erogado no menos de 6.3 billones de pesos acumulados en los últimos cinco años y algunos meses. La pregunta sigue siendo si estos billones han sido bien gastados. Los economistas tienen variadas formas de medir la calidad del gasto público. Para abordar este tema en profundidad, se necesitaría un análisis exhaustivo que ocuparía todo el espacio de este artículo y algo más. Por el momento, nos enfocaremos en dos indicadores clave: la presión o participación del gasto social y de capital sobre el gasto total.
El gasto social es un tema central en todas las narrativas de campaña, pero la evidencia en República Dominicana muestra que ha ido en caída. Pasó de un 46.4% en 2019 a un 44.9% en 2022 y a un 44.7% en 2024, y se estima que al concluir 2025 terminará en una métrica similar a la de 2024. Esto significa que ha perdido casi 2 puntos porcentuales del gasto total respecto a antes de la pandemia. En lo relativo al gasto de capital, ha ocurrido algo similar, perdiendo espacio presupuestario en su clasificación económica. Pasó de un 13.8% en 2019 a un 8.8% a junio de 2025, y se espera que al finalizar el año sea de un 8.2% del gasto total. El gasto de capital programado en el presupuesto es de un 11.8%, lo que indica una caída de 2 puntos porcentuales respecto a 2019.
La observación del gasto social y del gasto de capital, y su reducción en la ejecución del presupuesto, constituye una evidencia sólida del deterioro en la calidad del gasto público de los últimos cinco años. El gasto público dominicano ha tenido una carrera sin freno que lo ha llevado a un nivel billonario, sin encontrar el debido respaldo en los ingresos corrientes del gobierno. Esto permite decir que no se gasta bien, lo que nos conduce a un agravamiento de las finanzas públicas que, cuando llegue el momento de afrontarlas por la fuerza, la política de choque y ajuste será muy fuerte, haciéndose sentir en toda la sociedad y el sector empresarial. Urge una verdadera disciplina fiscal y un mejor enfoque, para que de esa manera el gasto no siga contando en forma ilimitada.
About The Author
