La República Dominicana vive un momento económico singular: mientras los organismos multilaterales celebran su consolidación como octava economía de América Latina y líder del Caribe, el debate interno se concentra en cómo repartir los frutos de ese crecimiento. Las cifras del ascenso son contundentes. El FMI proyecta un PIB nominal de US$136.15 mil millones en 2026, con expansión de 3.7% este año; el Banco Mundial estima 4.7% en 2026, 4.4% en 2027 y 4.8% en 2028; y la historia de fondo es aún más impresionante: entre 1972 y 2022, el país creció a un promedio de 4.9% anual, la tasa más alta de la región en medio siglo.
El ingreso por habitante refleja esa trayectoria: US$12,406 nominales en 2026 (US$656 más que en 2025) y US$27,542 por Paridad de Poder Adquisitivo, con una mejora del 235% entre 1990 y 2025 que supera el 94% del promedio mundial y que ubica al país por encima de México, Colombia y Brasil en ingreso per cápita.
Los indicadores institucionales respaldan la solidez: el puesto 47 mundial en libertad económica según el Instituto Fraser (7.37 puntos), la ratificación de la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s destacando el manejo de la deuda, y el puesto 89 de 193 en el índice de desarrollo humano del PNUD (0.776), con la desigualdad medida por el Gini cayendo de 0.445 en 2015 a 0.386 en 2024.
El otro lado del balance también tiene números. Según la Dirección General de Crédito Público, al cierre de agosto de 2026 la deuda del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$67,649.7 millones, equivalente al 46.6% del PIB estimado, y al sumar los compromisos del Banco Central la deuda pública consolidada ronda el 59.5% del PIB, con una porción mayoritaria contratada en moneda extranjera. Los analistas advierten además que en los últimos 20 años la deuda consolidada creció a un ritmo de 9.7% anual, frente al 6.8% del PIB, y que el pago de intereses absorbe cerca del 26.2% de los ingresos tributarios del presupuesto 2026.
Esas cifras dibujan el desafío central del país: sostener el crecimiento que lo llevó al top 8 latinoamericano, mantener la disciplina fiscal que respalda la confianza de los mercados, y asegurar que la convergencia de ingresos documentada por el FMI y el PNUD se traduzca en mejoras tangibles en salarios, pensiones y calidad de vida de los sectores más vulnerables. El crecimiento, como insisten los economistas, es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo.
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