El Ministerio de Salud Pública tomó la decisión de cancelar de inmediato a Alexander Ramón Peña Henríquez, un funcionario acusado de ofrecer dinero a cambio de una menor de edad para fines de explotación sexual. El caso, que se hizo público tras la difusión de un video incriminatorio, ha generado una ola de indignación en República Dominicana y ha puesto en tela de juicio los protocolos de transparencia en las instituciones gubernamentales.
El video que conmocionó al país
Todo comenzó cuando se difundió en redes sociales un video en el que Peña Henríquez, de 42 años, supuestamente ofrece entre RD$15,000 y RD$20,000 a una mujer haitiana para que le consiga una niña de entre 8 y 10 años. El material, grabado por la denunciante, se viralizó rápidamente, provocando una reacción inmediata de las autoridades y la opinión pública.
Tras la difusión del video, Peña Henríquez se entregó voluntariamente a las autoridades en Santiago de los Caballeros, donde quedó bajo custodia. El Tribunal de Atención Permanente aplazó la audiencia de medida de coerción para el próximo lunes, a fin de que la defensa presente sus argumentos.
La defensa y las alegaciones del acusado
El abogado defensor, Fernando Quiñones, ha argumentado que su cliente no recuerda la conversación grabada en el video y ha sugerido que podría haber estado bajo los efectos de una sustancia. Sin embargo, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva, basándose en los artículos del Código Penal, la Ley 137-07 sobre Trata de Personas y el Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de una mujer identificada como «Luisa», quien habría actuado como intermediaria en el presunto acuerdo.
La respuesta del Ministerio de Salud Pública
El Ministerio de Salud Pública actuó con rapidez al cancelar de inmediato a Peña Henríquez, reafirmando su compromiso con la transparencia. Sin embargo, el caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de contratación y supervisión de los empleados públicos.
«Este caso demuestra que hay que revisar los procesos de selección y monitoreo del personal, especialmente en áreas sensibles como la salud pública», señaló María Fernández, analista en políticas públicas.
El impacto social y las demandas de justicia
La difusión del video ha generado una ola de rechazo en la sociedad dominicana. Organizaciones de derechos humanos han condenado el hecho y han exigido al Estado que refuerce las medidas de protección a la niñez.
«Este tipo de crímenes no pueden quedar impunes. Debe haber justicia para las víctimas y un mensaje claro de que la explotación de menores no será tolerada», declaró Ana García, directora de una ONG dedicada a la protección de la infancia.
El proceso legal: ¿Qué sigue?
El Tribunal de Atención Permanente de Santiago ha programado para el lunes la audiencia de medida de coerción, donde se decidirá si Peña Henríquez enfrentará prisión preventiva. El Ministerio Público ha presentado un fuerte caso, pero la defensa intentará desvirtuar las pruebas.
En caso de ser declarado culpable, Peña Henríquez podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión, según lo establecido en la Ley 137-07 para delitos de trata de personas con fines de explotación sexual.
Un llamado a la acción contra la trata de personas
Este caso ha reavivado el debate sobre la trata de personas en República Dominicana, un problema que afecta a miles de niños y adolescentes cada año. Las autoridades han sido criticadas por la falta de políticas efectivas para combatir este delito.
«Necesitamos leyes más estrictas y una aplicación más rigurosa. No podemos permitir que estos delitos sigan ocurriendo», afirmó Carlos Méndez, abogado especializado en derechos humanos.
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