Por: Rafael Santos
Las agencias federales confirmaron la detención de 206 inmigrantes en la ciudad de Nueva York y Long Island, muchos de ellos con antecedentes criminales y vínculos con pandillas. Esta operación, llevada a cabo entre el 6 y el 12 de abril, se centró en delincuentes extranjeros de alto perfil, incluyendo miembros de organizaciones criminales transnacionales como MS-13 y Tren de Aragua. La operación fue elogiada por las autoridades como un esfuerzo exitoso para mejorar la seguridad pública.
En respuesta a estas detenciones, una coalición de defensores y líderes electos se manifestó en el Bajo Manhattan, exigiendo a las autoridades locales y estatales que aprueben legislaciones que protejan a las comunidades migrantes. Los manifestantes pidieron la liberación de cientos de neoyorquinos detenidos injustamente y la aprobación de los proyectos de ley ‘Nueva York para Todos’ y ‘Dignidad y No Detención’. Estos proyectos buscan limitar la colaboración de las agencias estatales con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y prohibir el uso de recursos locales para la aplicación de leyes de inmigración sin una orden judicial.
La asambleísta de Brooklyn, Marcela Mitaynes, expresó su apoyo a estas iniciativas, destacando la necesidad de proteger a las familias inmigrantes que tienen raíces profundas en la ciudad. «Somos miembros de una comunidad que tiene sus hijos aquí, genera riqueza con su trabajo y sus impuestos. Están cometiendo graves injusticias», lamentó Mitaynes. La coalición, liderada por Socialistas Demócratas de América de NYC (NYC-DSA), Make The Road NY, Comunidades de Nueva York por el Cambio y Judíos por la Justicia Racial y Económica (JFREJ), ha intensificado sus esfuerzos para presionar a la Legislatura Estatal a tomar medidas inmediatas.
Además, los defensores han denunciado la detención de estudiantes y activistas, como Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, estudiantes palestinos de la Universidad de Columbia, y la desaparición de Merwil Gutiérrez, un joven venezolano arrestado en El Bronx. Estos casos han aumentado la preocupación sobre la falta de debido proceso y la separación familiar, subrayando la urgencia de aprobar legislaciones que protejan a los inmigrantes de detenciones injustas.
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