La Cámara de Cuentas no cedió ante el pedido de un grupo de legisladores que solicitaron una extensión del plazo legal para que funcionarios electos y designados presenten su declaración jurada de patrimonio.
Sin prórrogas ni chances, la Cámara de Cuentas dio a conocer la cantidad de legisladores que cumplieron con la Ley 311-14 sobre el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y su reglamento de aplicación, número 92-16.
En la adrenalina del último día del plazo para presentar declaración jurada de bienes, desfilaron por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de la Cámara de Cuentas, más funcionarios que en los 30 días hábiles que otorga la ley para declarar.
Hasta el cierre para la recepción del documento, que se extendió hasta la medianoche del lunes, habían declarado sus bienes 120 diputados, de ellos 8 cesaron en sus funciones; y 19 senadores, dos de los cuales concluyeron su período.
El 58 % de los legisladores declaró bienes
Es decir, de los 222 congresistas que se juramentaron el pasado 16 de agosto, solo 129 (el 58 por ciento) presentaron un informe oficial sobre su patrimonio en del tiempo establecido por la Ley 311-14.
La normativa establece un plazo de treinta días, calendarios para declarar, contados a partir de la designación, actualización por nuevo nombramiento o por cese de funciones.
Al término de la sesión de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que aunque venció el plazo legal, eso no significa que los legisladores no puedan presentar su declaración.
Afirmó que desde hace varios meses se ha mantenido trabajando para que todos los diputados realicen su declaración jurada; y reiteró que el proceso ha sido complejo por los requisitos que dice se han actualizado en el nuevo sistema de registro. Aunque el plazo venció a la medianoche del lunes; hasta la madrugada del martes, técnicos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Funcionarios Públicos trabajaron asistiendo a los declarantes, informó la Cámara de Cuentas.
En los últimos días próximos al vencimiento del plazo, algunos diputados externaron sus quejas sobre el proceso al calificar como “exagerados” los requisitos exigidos.
El artículo 14 de la Ley 311-14 establece que el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no lo haga dentro del plazo establecido u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 4l-08, de Función Pública. Entre estas figura la retención del salario.
En consonancia, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 343-22 que instruye a la Contraloría General a no autorizar la inclusión en la nómina pública de aquellos funcionarios que no hayan cumplido con el requisito de presentar su correspondiente declaración jurada de patrimonio.
Para cumplir con esa disposición, se conformó la comisión que preside la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, la cual tiene la atribución de recomendar al presidente de la República la aplicación de las sanciones previstas contra los funcionarios que violen la Ley 311-14
Funcionarios designados están calladitos
En este proceso, tanto la atención pública como los comunicados oficiales, se han centrado en los congresistas. No obstante, la Cámara de Cuentas no se ha referido a la cantidad de funcionarios del tren gubernamental llamados a declarar, sea porque son nuevos en el cargo o porque fueron ratificados.
El lunes, la Presidencia de la República informó que el mandatario Luis Abinader declaró un patrimonio total de RD 3,972 millones.
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