La decisión judicial que este miércoles favoreció a la ciudad de Nueva York en la disputa por el impuesto a las segundas residencias de lujo tiene una particularidad: los jueces no determinaron que cada paso administrativo de la ciudad hubiera sido correcto, sino que los propietarios que demandaron carecían de legitimación para hacerlo. Esa distinción, reconocida por el propio tribunal, explica por qué la batalla legal por el gravamen impulsado por el alcalde Zohran Mamdani está lejos de terminar.
La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, Segundo Departamento, revocó así la resolución que un juez de Staten Island emitió en septiembre, cuando ordenó a la administración municipal rehacer parte del procedimiento de notificación a los posibles contribuyentes.
Los demandantes se quejaban de dos cosas: que el Departamento de Finanzas envió notificaciones sobre el recargo a personas cuyas propiedades podían no estar sujetas al impuesto, incluso cuando eran sus viviendas principales, y que la ciudad publicó un registro de inmuebles potencialmente afectados. Para la corte, ninguno de esos hechos configura un daño suficiente: recibir una carta informativa o aparecer en una lista pública no justifica, por sí solo, una demanda, y los propietarios tampoco probaron que la publicación provocara acoso, fraude o algún otro perjuicio identificable.
El fallo da aire a un proyecto central de la agenda económica de Mamdani, basado en la idea de que los propietarios con mayor capacidad económica deben contribuir más al financiamiento de los servicios públicos. El alcalde celebró el resultado y aseguró que el recargo ayudará a financiar calles más seguras, parques más limpios y servicios esenciales, y que su administración seguirá defendiendo la medida en los tribunales.
El impuesto, aplicable durante los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028, grava propiedades de alto valor que no funcionan como residencia principal del propietario, de un inquilino o de determinados familiares, con tasas del 0.8 % al 1.3 % del valor de mercado para casas de más de 5 millones de dólares, y del 4 % al 6.5 % para condominios y cooperativas según su valoración.
Los números finales dependerán de varios factores aún inciertos: la cantidad de propiedades que califiquen, las valoraciones oficiales y las exenciones aprobadas, que ya superan las 8,800. Mientras la ciudad proyecta unos 500 millones de dólares anuales, el contralor Mark Levine habla de hasta 380 millones con base en unas 11,200 propiedades.
Los frentes judiciales abiertos son tres, incluida la demanda de constitucionalidad en la que participan el empresario Steve Wynn y el exsecretario de Comercio Wilbur Ross, quienes alegan que el impuesto discrimina a los propietarios no residentes. Randy Mastro, abogado de los demandantes derrotados, cuestionó que el caso se resolviera por motivos procesales sin examinar el fondo. La conclusión provisional es clara: el impuesto sigue en marcha, pero su destino jurídico y su real capacidad de recaudación seguirán en discusión.
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