La JCE al borde de la subasta La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana enfrenta una situación sin precedentes: un embargo y subasta pública de sus bienes en Nueva York por una deuda de casi un millón de dólares con la empresa Latin Events, LLC. El City Marshal Martin A. Bienstock ha fijado el 1 de octubre de 2026 como fecha límite para la venta de equipos, mobiliario y enseres de la oficina de la JCE en Manhattan, a menos que la deuda sea saldada 72 horas antes.
El origen: Un contrato incumplido El conflicto surgió tras un acuerdo firmado en octubre de 2023 para la promoción del registro de votantes dominicanos en el noreste de EE.UU., durante la serie de béisbol en el Citi Field. La JCE fue condenada en rebeldía por una corte federal de EE.UU. al pago de 838,337.50 dólares, monto que, con intereses, ya supera los 982,000 dólares. La sentencia fue homologada en República Dominicana, pero la JCE recurrió en apelación, sin éxito hasta ahora.
Bienes en riesgo y servicios en jaque El embargo afecta equipos de oficina, computadoras, impresoras, mobiliario, televisores y obras de arte de la sede de la JCE en 1501 Broadway, Manhattan. Si la subasta se lleva a cabo, la institución perdería capacidad operativa para atender a los dominicanos en el exterior, especialmente en la emisión de documentos legales. Además, Latin Events mantiene un embargo retentivo sobre los fondos de la JCE en el Banco de Reservas, lo que agrava la crisis.
La JCE apela, pero el tiempo se agota La JCE ha interpuesto recursos de apelación en los tribunales dominicanos para detener la ejecución, argumentando que no hay pruebas de que el contrato con Latin Events haya sido autorizado por el Pleno o su presidente. Sin embargo, la empresa demandante no cejará en su intento de cobrar la deuda, incluso si eso significa vender los activos de la JCE en el extranjero. Analistas advierten que este caso podría marcar un precedente en la responsabilidad legal de las instituciones públicas.
Un llamado a la acción Con el plazo para evitar la subasta acercándose, la JCE enfrenta una prueba de fuego. La ciudadanía exige transparencia y una solución urgente para evitar que la institución pierda sus bienes y comprometa sus operaciones en EE.UU. Mientras tanto, el impacto político y financiero de este caso sigue generando debatir en la opinión pública.
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