El presidente Donald Trump anunció que, a partir del 1 de febrero de 2026, su administración suspenderá el financiamiento federal a las ciudades santuario, que limitan su cooperación con el gobierno en la aplicación de leyes migratorias. Trump argumentó que estas jurisdicciones protegen a «criminales» y promueven el fraude, citando un caso reciente en Minnesota donde se descubrió un fraude millonario en programas de cuidado infantil. «No realizaremos ningún pago a ciudades o estados que se declaren santuario», declaró el mandatario, añadiendo que su gobierno ya ha suspendido pagos en ese estado por presuntos estafadores.
Esta decisión se basa en una orden ejecutiva de abril de 2025, que instruye al Departamento de Justicia (DOJ) y al de Seguridad Nacional (DHS) a tomar medidas legales contra las jurisdicciones que obstruyan la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, esta política ha enfrentado obstáculos legales: en 2025, un juez en San Francisco bloqueó un intento similar, y en enero de 2026, otro juez en Nueva York frenó temporalmente la suspensión de subsidios en cinco estados. Las ciudades santuario, como Chicago, han respondido con firmeza, argumentando que los fondos federales pertenecen a sus ciudadanos y que su autonomía está protegida por la Décima Enmienda de la Constitución.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, declaró que su ciudad será «implacable» en la lucha por recuperar los fondos retenidos, señalando que «esos recursos pertenecen al pueblo, no al presidente». Organizaciones como el American Immigration Council han respaldado esta postura, aclarando que las políticas santuario no protegen a delincuentes, sino que evitan la colaboración con ICE en operaciones no vinculadas a delitos graves. Además, estas políticas no impiden la detención de inmigrantes con antecedentes penales, sino que buscan garantizar los derechos humanos de todos los residentes.
El conflicto entre Trump y las ciudades santuario refleja una disputa constitucional sobre el alcance del poder federal. Mientras el gobierno insiste en que estas jurisdicciones violan la ley, las ciudades argumentan que su enfoque protege a las comunidades vulnerables y respeta la autonomía local. La batalla legal que se avecina podría definir el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente en un contexto donde el control migratorio sigue siendo un tema polarizante.
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