El 5 de diciembre de 2025, un video se viralizó en las redes sociales de República Dominicana. En él, un hombre identificado como Mercedes Rodríguez, alias «La Bala», un exsargento mayor de la Fuerza Aérea, amenazaba al presidente Luis Abinader con un fusil AK-47. Las palabras de Rodríguez, quien advirtió sobre «consecuencias» si el mandatario no atendía sus demandas, activaron de inmediato los protocolos de seguridad del Estado.
Las autoridades reaccionaron con rapidez. La Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) detectó el video y, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, inició una operación para localizar a Rodríguez. Utilizando herramientas de geolocalización y rastreo digital, los agentes lograron ubicarlo en una vivienda en El Seibo, donde fue detenido sin resistencia. Durante el allanamiento, se incautaron, además del fusil, dos pistolas y municiones, confirmando el peligro real que representaba.
Lo más inquietante del caso es que Rodríguez mencionó en su declaración que un «oficial de alto rango» le había facilitado el arma. Esto ha llevado a las autoridades a profundizar las investigaciones para determinar si existe una red de apoyo dentro de las fuerzas armadas o si el exmilitar actuó por su cuenta. Mientras tanto, el presidente Abinader recibió protección adicional, y se implementaron medidas de seguridad reforzadas en sus desplazamientos.
Rodríguez, quien fue dado de baja en 2020 por conducta inapropiada, tiene un historial de problemas disciplinarios y psicológicos. Vecinos y conocidos describieron su comportamiento reciente como errático, mencionando que hablaba de conspiraciones y mostraba un creciente descontento con el gobierno. Este perfil ha llevado a algunos analistas a sugerir que podría tratarse de un individuo con problemas mentales, aunque las autoridades no descartan la posibilidad de que esté vinculado a grupos más grandes.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en República Dominicana, especialmente en lo que respecta a la filtración de armas desde las instituciones castrenses. En los últimos años, ha habido varios incidentes similares, donde exmilitares o personas con acceso a armas han realizado amenazas contra figuras públicas. Este patrón ha llevado al gobierno a revisar los protocolos de seguridad y a tomar medidas para evitar que situaciones como esta se repitan.
Mientras la investigación continúa, las preguntas clave siguen sin respuesta: ¿Quién le proporcionó el arma a Rodríguez? ¿Existe una red más amplia detrás de sus acciones? Y, sobre todo, ¿qué medidas tomará el gobierno para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir? Lo que está claro es que este caso ha expuesto las vulnerabilidades en el sistema de seguridad y ha puesto en alerta a las autoridades sobre los riesgos que enfrentan las figuras públicas en el país.
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