Los familiares de las 47 víctimas fatales de la explosión en San Cristóbal, ocurrida en agosto de 2023, junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), presentaron este lunes un expediente ante la Procuraduría General de la República con pruebas de irregularidades y posible encubrimiento en la investigación del caso. El documento, que incluye 40 páginas de análisis y evidencias, busca reabrir la investigación y sancionar a los responsables de lo que consideran una manipulación deliberada de las pesquisas, que ha dejado a las víctimas sin justicia.
El expediente cuestiona el Informe Final del Cuerpo de Bomberos, emitido en agosto de 2023, el cual fue desconocido por la propia institución en una certificación de junio de 2025. Según Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, esto demuestra un intento de encubrimiento y la falta de transparencia en el proceso. Además, se denuncia que la escena del crimen fue destruida y los restos fueron desechados en el vertedero municipal, lo que impidió la recolección de pruebas clave y vulneró la dignidad de las víctimas y sus familias.
El documento también revela que, en marzo de 2023, hubo un incendio previo en la empresa Vidal Plast, causado por el contacto de chispas con el químico Autofina-Luporox a 70s (Peróxido Orgánico 5.2), un compuesto altamente reactivo. A pesar de este incidente, no se tomaron medidas preventivas, lo que podría haber evitado la tragedia de agosto. Los familiares exigen que se aplique el artículo 359 del Código Penal, que sanciona a quienes oculten o encubran cadáveres, y que la investigación sea asumida por un equipo independiente para garantizar imparcialidad.
Mientras el dolor de las familias persiste, la comunidad de San Cristóbal y el país entero exigen justicia y transparencia, rechazando la impunidad que parece rodear este caso. La CNDH-RD y los denunciantes esperan que la Procuraduría General actúe con celeridad y dé respuestas concretas a las víctimas, quienes siguen clamando por verdad y reparación.
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