Cuando el presidente Luis Abinader salió a defender su gestión en materia de deuda pública, lo hizo con un argumento contundente: el 80% de los préstamos contraídos durante su gobierno se utilizaron para pagar deudas heredadas de administraciones anteriores. Sin embargo, lo que no mencionó —o al menos no con la misma claridad— es el destino del 20% restante, un monto que, aunque menor en proporción, podría ser clave para entender el verdadero impacto de su política económica. Este silencio ha generado más preguntas que respuestas, especialmente en un contexto donde la transparencia fiscal es una demanda creciente de la ciudadanía.
El mandatario destacó con orgullo que su gobierno ha logrado reducir la deuda como porcentaje del PIB, pasando del 49.7% al 46.9%. Sin duda, es un logro que contrasta con el legado de sus predecesores, especialmente el de Danilo Medina, bajo cuyo mandato la deuda aumentó en 19.2 puntos porcentuales. Sin embargo, este descenso relativo oculta una realidad más compleja: el monto absoluto de la deuda sigue siendo récord, superando los 45,000 millones de dólares. Más preocupante aún es el hecho de que, mientras la deuda como porcentaje del PIB baja, el servicio de la deuda —es decir, los intereses— ha aumentado en un 50% desde 2020, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia a largo plazo.
El 20% de los préstamos no destinados a deuda heredada es, sin duda, el punto más oscuro de las declaraciones de Abinader. Según sus palabras, este porcentaje se habría invertido en sectores como el turismo, que este año espera recibir 11.5 millones de visitantes, un récord histórico. Sin embargo, el presidente no ofreció detalles concretos sobre cómo estos recursos se han traducido en beneficios tangibles para la mayoría de los dominicanos. Economistas independientes, como Haivanjoe NG Cortiñas, han señalado que, aunque el turismo es un motor importante de la economía, su excesiva dependencia podría ser riesgosa si no se diversifican las fuentes de ingreso. Además, gran parte de la inversión hotelera está en manos de capital extranjero, lo que limita su impacto en la economía local.
Otro tema que Abinader prefirió no profundizar fue la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde ninguno de los jueces evaluados fue ratificado en sus cargos. Su respuesta, vaga y genérica, se limitó a mencionar que el proceso se ajustó a la Constitución y a las leyes. En contraste, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, sí ofreció una justificación más elaborada, argumentando que el gobierno ha evitado las cuotas partidistas que caracterizaron a administraciones anteriores. No obstante, esta afirmación ha sido puesta en duda por organizaciones como Participación Ciudadana, que han documentado vínculos políticos en otras instancias judiciales, como el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde tres de sus cinco miembros tienen relaciones con el partido de gobierno.
Lo que queda claro es que, más allá de los discursos y las cifras optimistas, la falta de transparencia en temas clave —como el destino del 20% de los préstamos o los criterios para la renovación judicial— sigue siendo un punto débil de la gestión de Abinader. En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta, la ciudadanía no solo quiere escuchar sobre récorde turísticos o reducciones porcentuales de la deuda, sino también respuestas concretas sobre cómo estas políticas afectan su vida diaria. Mientras el presidente celebra sus logros, muchos se preguntan si estos avances son reales o si, por el contrario, son solo maquillajes estadísticos que posponen problemas más profundos para el futuro.
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