La frontera entre República Dominicana y Haití no es solo una línea en el mapa. Es un colador gigante por donde entran millones de cigarros de contrabando, un negocio que mueve cientos de millones de pesos al año y que ha convertido a marcas como Capital en sinónimo de ilegalidad. Entre julio de 2024 y julio de 2025, las autoridades incautaron 42.5 millones de cigarros ilegales, pero los expertos estiman que esta cifra representa apenas el 20% del total que entra al país. El problema no es solo la magnitud, sino la impunidad con la que opera: los contrabandistas usan rutas terrestres, marítimas y hasta falsos compartimentos en vehículos para burlar los controles.
El epicentro del contrabando es la marca Capital, fabricada en Dubái y distribuida en República Dominicana como si fuera un producto local. Según el Ejército, en la segunda mitad de 2024 se incautaron 7.2 millones de unidades de esta marca, y en los primeros siete meses de 2025, la cifra llegó a 5.8 millones. «Es el producto estrella del mercado negro», explica un oficial del Ceccom. «Llega en contenedores desde Panamá y Haití, y se vende en colmados, parques y esquinas como si fuera legal». En San José de Ocoa, los vendedores admiten sin pudor que Capital se vende más que las marcas legales. «La gente lo prefiere porque es barato: 5 pesos la unidad, 15 pesos dos, y 125 pesos la caja», dice un comerciante.
Las rutas del contrabando son un laberinto de impunidad. Los cigarros entran por Dajabón, Jimaní y Pedernales, y desde allí se distribuyen a todo el país. En Dajabón y Valverde, la 4ta Brigada de Infantería incautó 7.9 millones de unidades en un año. En Elías Piña y San Juan, la 3era Brigada decomisó 3.5 millones. Pero estas cifras son engañosas: mientras el Ejército reporta 39.5 millones de cigarros incautados, el Ceccom habla de 42.5 millones. La diferencia de 3 millones de unidades no es un error estadístico, sino la prueba de que el contrabando es un monstruo de mil cabezas que se regenera más rápido de lo que las autoridades pueden cortarlas.
Los métodos de los contrabandistas son cada vez más sofisticados y audaces. En Santiago Rodríguez, el Ejército encontró 78,000 cigarros ocultos bajo un falso piso en un camión. En San Juan de la Maguana, decomisaron tres motocicletas cargadas con sacos repletos de Capital. En Dajabón, un Toyota Corolla conducido por un médico transportaba 80,000 unidades. «Los métodos evolucionan constantemente», advierte un agente de inteligencia. «Ahora usan camiones con dobles fondos, chasises alterados, y hasta modifican los tanques de gasolina para esconder la mercancía».
El impacto económico es catastrófico. Según la Dirección General de Aduanas (DGA), el Estado perdió RD$252 millones en impuestos en solo un año. Pero el daño va más allá: el contrabando financia redes criminales, desincentiva la producción local y afecta la salud pública, ya que estos cigarros no cumplen con los estándares de calidad. «Es una bomba de tiempo», advierte Víctor «Ito» Bisonó, ministro de Industria y Comercio. «No solo perdemos ingresos, sino que estamos creando un mercado paralelo que socava la economía formal».
El gobierno ha respondido con campañas como «Si vendes cigarrillos ilegales puedes buscarte un lío feo», pero los resultados son limitados. La Ley 17-19 establece multas severas y penas de hasta cinco años de prisión para los contrabandistas, pero la aplicación es irregular. «El problema no es la ley, es la corrupción», señala un fiscal que prefirió no ser identificado. «Hay oficiales que dejan pasar camiones a cambio de sobornos. Otros simplemente miran para otro lado». Mientras tanto, el contrabando sigue floreciendo. «Es un negocio sin riesgo», admite un vendedor. «Si me decomisan, pierdo solo lo invertido. Si no, gano el 300%«.
La pregunta que nadie se atreve a responder es: ¿Quién está detrás de este negocio millonario? Las autoridades hablan de redes transnacionales, pero nadie ha sido capaz de desmantelar las estructuras que mueven millones de cigarros al mes. «Es como cortar cabezas de una hidra», admite un militar. «Por cada contrabandista que atrapamos, aparecen tres más». En un país donde el salario mínimo es de 21,000 pesos y una caja de cigarros ilegales se vende en 125 pesos, el contrabando no es solo un delito: es un negocio demasiado tentador para ignorarlo.
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