Un operativo sin precedentes que podría destapar años de irregularidades en la infraestructura educativa
Santo Domingo, 2 de octubre de 2025 — Con la firma del Decreto 569-25, el gobierno de Luis Abinader ha puesto en marcha lo que podría ser la auditoría más ambiciosa en la historia reciente de la educación dominicana. La designación de Julio Cordero como comisionado para revisar los contratos de mantenimiento escolar no solo busca corregir fallas, sino sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector público.
El alcance de la auditoría: ¿Qué se revisará?
La comisión tendrá acceso a:
- Todos los contratos de mantenimiento correctivo firmados desde 2020.
- Los registros de pagos realizados a las empresas contratistas.
- Los informes técnicos de supervisión de obras.
- Las denuncias ciudadanas sobre irregularidades.
«Esta no será una revisión superficial. Iremos hasta el fondo de cada contrato», aseguró Cordero.
Los hallazgos esperados: ¿Qué podría descubrirse?
Expertos consultados por este medio anticipan que la auditoría podría revelar:
- Sobreprecios sistemáticos:
- Diferencias de hasta un 400% entre los precios de mercado y los pagados.
- Facturas infladas por materiales o servicios no entregados.
- Trabajos mal ejecutados:
- Escuelas con gotera, grietas o instalaciones eléctricas defectuosas pese a haber sido «reparadas».
- Uso de materiales de baja calidad que requieren reparaciones constantes.
- Contratos irregulares:
- Empresas sin experiencia o vinculadas a funcionarios.
- Procesos de licitación amañados o sin competencia real.
- Fondos desviados:
- Pagos por trabajos nunca realizados.
- Dinero destinado a mantenimiento usado para otros fines.
«En el mejor de los casos, encontraremos ineficiencias. En el peor, un sistema de corrupción organizado», advirtió Rafael Santos, auditor forense.
Metodología: ¿Cómo se hará la investigación?
La comisión utilizará un enfoque mixto que combina:
- Análisis documental: Revisión de contratos, facturas y actas de recepción.
- Trabajo de campo: Visitas a 500 escuelas seleccionadas aleatoriamente.
- Entrevistas: Con directores, docentes, contratistas y comunidad educativa.
- Análisis de datos: Uso de software especializado para detectar patrones sospechosos.
«La combinación de tecnología y trabajo humano será clave para obtener resultados confiables», explicó Laura Gómez, experta en contrataciones públicas.
Posibles consecuencias: ¿Qué pasará con los responsables?
El decreto establece un protocolo de sanciones que incluye:FaltaSanción
Sobreprecios
Devolución del dinero + inhabilitación
Trabajos no ejecutados
Rescisión de contrato + demanda penal
Conflicto de interés
Inhabilitación para contratar con el Estado
Falsificación de documentos
Proceso penal por fraude
«No habrá impunidad. Quienes hayan defraudado al Estado enfrentarán las consecuencias», advirtió un funcionario de la Procuraduría.
El impacto en las escuelas: ¿Mejorarán las condiciones?
Más allá de las sanciones, el objetivo final es mejorar la infraestructura educativa:
- Reasignación de fondos a escuelas que realmente lo necesiten.
- Nuevos estándares para contratos de mantenimiento.
- Sistema de monitoreo permanente para evitar futuras irregularidades.
«Si esto se hace bien, podría ser el inicio de una verdadera transformación en nuestras escuelas», comentó María Pérez, directora de una escuela en Santo Domingo Este.
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