Desde que el Servicio Nacional de Salud (SNS) implementó un protocolo de control migratorio en las maternidades públicas del país, el número de partos de madres haitianas ha caído en un 54.48% en el período mayo-agosto de 2025, en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior. Sin embargo, esta drástica reducción ha venido acompañada de polémica y críticas, especialmente por parte de organizaciones de derechos humanos que denuncian que el protocolo vulnera el derecho a la salud de las mujeres haitianas, muchas de las cuales, al no tener documentación, evitan acudir a los hospitales por temor a ser deportadas. «El protocolo ha sido efectivo en reducir los números, pero a qué costo. ¿Acaso el derecho a la salud no es universal?», cuestionó María Álvarez, activista de los derechos de los migrantes, quien argumentó que estas medidas discriminan a las mujeres haitianas y las dejan en una situación de vulnerabilidad extrema, sin acceso a atención médica básica.
Los datos del SNS son contundentes: en los primeros ocho meses de 2025, se registraron 13,125 partos de madres haitianas, lo que representa una reducción del 17.07% en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, el descenso más significativo se observó en el período mayo-agosto de 2025, donde los partos de madres haitianas cayeron de 8,672 a 3,812, una disminución del 54.48%. «Desde que se inició con el operativo de migración en las maternidades, ha disminuido muchísimo el flujo de parturientas haitianas; ellas vienen ya cuando les toca parir, pero a consulta no, y desde que dan a luz, el equipo de migración realiza el debido proceso sobre su documentación», explicó Yanet Hernández, directora de comunicaciones de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, quien reconoció que el protocolo ha logrado disuadir a muchas mujeres haitianas de acudir a los hospitales públicos. Sin embargo, Hernández también aclaró que, aunque se verifica el estatus migratorio de las pacientes, el hospital sigue brindando atención médica a todas las mujeres, independientemente de su nacionalidad.
El protocolo, que incluye la presencia permanente de agentes de la Dirección General de Migración en las entradas de los hospitales, ha generado tensión entre quienes defienden la medida como necesaria para proteger el sistema de salud público y quienes la critican por considerarla discriminatoria y violatoria de derechos humanos. «Las mujeres haitianas tienen derecho a recibir atención médica, igual que cualquier otra persona. Negarles ese derecho es una violación a los principios más básicos de la humanidad», argumentó Carlos Ramírez, abogado especializado en derechos migratorios, quien añadió que el protocolo podría tener consecuencias legales si se demuestra que se está negando la atención médica a pacientes por su estatus migratorio.
A pesar de la polémica, las autoridades del SNS defienden que el protocolo no busca negar la atención médica, sino regular el acceso a los servicios públicos y garantizar que estos sean utilizados prioritariamente por la población dominicana. «No se trata de deportar a nadie, sino de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y equitativa», declaró un funcionario del SNS, quien también destacó que la medida ha permitido reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de la atención para las pacientes dominicanas. Sin embargo, los críticos del protocolo insisten en que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y que cualquier medida que limite el acceso a la atención médica por motivos migratorios es inaceptable y contraria a los principios de la ética médica.
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