En Washington, la reforma bipartidista conocida como BAAJA promete acortar los plazos de revisión para proyectos que incluyen líneas eléctricas, parques eólicos y gasoductos, y sus promotores sostienen que también obligaría a los nuevos centros de datos de 20 megavatios o más a cubrir el costo adicional de la infraestructura eléctrica que requieran.
Pero en Nueva York, esa agenda de agilización de permisos despertó una oposición rotunda. Vecinos y organizaciones ambientalistas se manifestaron el jueves 19 frente a la oficina distrital de Hakeem Jeffries, encaminado a liderar la Cámara de Representantes a partir de enero, para pedirle que se oponga al proyecto si llega a la Cámara, según informaron los convocantes, entre ellos New York Communities for Change, Food & Water Watch e Indivisible Brooklyn.
Además, los organizadores advierten que los cambios a la sección 401 de la Ley de Agua Limpia reducirían el margen de los estados para revisar proyectos que pueden afectar sus aguas, como explicó la agencia Reuters, por lo que piden preservar las revisiones ambientales y la facultad de Nueva York para imponer condiciones o negar su certificación a determinados proyectos.
El avance legislativo es reciente: el senador neoyorquino Chuck Schumer votó el 9 de noviembre a favor de abrir el debate y dijo que buscaría cambios para proteger la calidad del agua y la participación comunitaria, mientras que Jeffries ha expresado «reservas» según medios nacionales. Este miércoles, el Senado votó este miércoles 65 a 31 para abrir el debate. En el registro oficial consultado aún figuraba pendiente la votación final. Si el Senado aprueba el texto, la Cámara tendrá que pronunciarse, y ese es el paso que los manifestantes neoyorquinos quieren que Jeffries ayude a frenar.
En el plano estatal, la senadora Kristen González, que preside el Comité de Internet y Tecnología del Senado, ha respaldado la moratoria de estos proyectos anunciada por la gobernadora Kathy Hochul y ha exigido que los vecinos puedan conocer los detalles de los proyectos y presentar sus comentarios antes de que se otorguen permisos estatales o locales, al tiempo que reclama que las empresas cumplan estándares de energía renovable, negocien acuerdos laborales y garanticen transparencia, participación pública y beneficios para las comunidades, bajo el principio de que «la tecnología debería mejorar nuestras vidas, no contaminar nuestra agua, sobrecargar nuestra red eléctrica ni encarecer nuestras facturas de servicios públicos».